El legítimo derecho a discriminar

(o cuando la crisis económica es la menor de nuestras crisis)

Decir que nuestra realidad está atravesada por la desigualdad no descubre nada nuevo. Tampoco afirmar que en tiempos de crisis, las desigualdades se acentúan.

Muchas investigaciones muestran el aumento de la desigualdad entre ricos y pobres, por ejemplo. Así quedó bien claro en el último informe de Oxfam: 85 ricos (sí, ochenta y cinco personas) suman tanto dinero como 3.570 millones de pobres del mundo. De alguna forma, las crisis se convierten en el mejor caldo de cultivo para reafirmar y fortalecer la estructura desigual de la sociedad. En resumidas cuentas: son rentables para los que se encuentran mejor situados en la jerarquía.

Pero no es algo que ocurra sólo en lo referente a la economía. En los últimos años hemos visto cómo se ha incrementado el recorte de la inversión pública que afecta a las personas con diversidad funcional (discapacidad), lo que está poniendo a un colectivo históricamente maltratado en una precariedad digna de vergüenza. Sin embargo, apenas existe movilización social en contra de estos retrocesos, y la causa tiene, a mi juicio, un fuerte interés, porque la discapacidad es una de las formas de opresión más intensas a la vez que toleradas de la actualidad.

“Las personas con discapacidad son discriminadas en el ámbito educativo y alcanzan inferiores niveles de estudios que el resto de la población; disponen de menos oportunidades para acceder al mercado de trabajo; hacen frente a restricciones extraordinarias para participar activamente en la sociedad, y desarrollar una vida afectiva y social normalizada.” (Huete, 2013)

Todas estas desigualdades son toleradas porque en nuestro fuero interno seguimos pensando que merecen la posición que ocupan en la pirámide social, buscando para ello justificaciones biológicas: tiene diversidad cognitiva, luego es lógico que fracase en la escuela; tiene autismo, luego no puede relacionarse con los demás; se mueve en silla de ruedas, luego no puede venir. Todas estas justificaciones son creencias y/o mitos que invitan a la segregación. La biología no explica esta desigualdad que llevan aparejadas las diferencias, lo que nos debería invitar a mirar al lugar adecuado: a las relaciones desequilibradas que establecemos.

Tanto es así que no es raro escuchar que lo mejor para las personas con diversidad funcional es escolarizarse en un centro específico, porque la escuela ordinaria no atiende a sus necesidades. Pero no es tan común oír otras preguntas bien lógicas: ¿por qué no atiende a sus necesidades? ¿Atiende a las necesidades del resto del alumnado? ¿Es un espacio tan perfecto que no puede ser cuestionado y mejorado? ¿La exclusión que sufren los niños y niñas con diversidad funcional en las escuelas no depende de nosotros?

Parecería que no, en vista de los últimos movimientos del Tribunal Constitucional en España: en el plazo de dos meses ha ratificado que Daniel y Rubén no tienen derecho a acudir a un centro ordinario. El autismo y el síndrome de Down los han tapado hasta eliminarlos como sujetos con derechos, a pesar incluso de que el último Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dejara claro que las evaluaciones psicopedagógicas no pueden ser excusa para la segregación. Esto me escandaliza. Pero a mí, como pedagogo, me preocupa más que los que deberíamos haber sido aliados de Daniel y Rubén (los profesionales de la educación) nos hemos convertido en sus obstáculos. El autismo y la trisomía (aquello que los hace indignos de la escuela donde mandamos al resto de nuestros hijos e hijas) no está en ellos, sino en nuestras cabezas. El merecimiento de la exclusión no tiene que ver con sus biologías, sino con la dominación y la jerarquía que establecemos entre nosotros y ellos. Y en este juego, ellos son excluidos pero conservan su dignidad; nosotros, incluidos pero la perdemos; y todos nos deshumanizamos. De ahí que el padre de Rubén me manifestara hace unos días que la crisis material no era nada frente a la moral. Porque todos y todas con nuestras actitudes hemos sacado a Daniel, a Rubén y a tantas otras personas de las escuelas comunes.

Hace 60 años, una niña llamada Ruby Bridges Hall, fue la primera afroamericana que asistió (escoltada) a un colegio hasta entonces sólo para blancos. Imagino lo que dirían los demás padres y madres, que sacaron a sus hijos del centro. También imagino lo que pensarían los jueces, y la mayoría de los docentes... Algo parecido deben estar viviendo las familias de Rubén y Daniel cuando reclaman el derecho de sus hijos a lo que hoy siguen siendo colegios sólo para normales (¿?).

Cuando entré vi a una mujer que dijo: «Hola, soy tu maestra -mi nombre es Sra. Henry». Lo primero que pensé fue, «¡Es blanca!», porque nunca había tenido una profesora blanca y no sabía qué esperar.
Resultó ser la mejor maestra que jamás tuve y amé la escuela por ella. Era una mujer que había llegado desde Boston para enseñarme porque los profesores de la ciudad rehusaban darle clase a niños negros. Fue como una segunda madre para mí y nos convertimos en las mejores amigas. (Ruby Bridges)

Barbara Henry, la maestra, fue la herramienta que Ruby necesitaba para dejar de ser discriminada. Las familias de Daniel y Rubén están luchando para que sus hijos puedan dejar de ser ciudadanos de segunda, y esperan que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad les ampare en el Tribunal de Estrasburgo. Requieren del apoyo de la ciudadanía, como lo debieron necesitar los padres de Ruby. Y no puedo dejar de preguntarme qué podríamos hacer de la sociedad, en qué se podría transformar nuestra realidad, si los profesionales de la educación consiguiéramos dar el paso de entender a Daniel, a Rubén y a Ruby como personas radicalmente iguales a nosotros mismos. Me ilusiona pensar que esa humilde y singular maestra, que hizo de puente entre la sociedad injusta y Ruby, podría florecer en nuestro interior. Cada día, en cualquier sitio, con cada Daniel y con cada Rubén. Dinamitando silenciosamente lo que hasta hoy es el legítimo derecho a discriminar.

Autor: Ignacio Calderón Almendros

Profesor de Teoría de la Educación en la Universidad de Málaga (España). Interesado en la experiencia de exclusión e inclusión educativa de personas situadas en los márgenes, desde la discapacidad, la desventaja sociocultural y la inmigración. Empeñado en que la escuela sea un lugar donde todos y todas podamos crear sentido.

De:
http://www.derechoshumanosya.org/node/1256